Similar al proceso general de urbanización de Latinoamérica, la urbanización en el Ecuador ha ido acompañada de un aumento de la desigualdad urbana. Es así, que en esta región la pobreza se ha convertido en un problema principalmente urbano. Los efectos de las dinámicas de la economía mundial se hacen sentir con fuerza especialmente en las ciudades y centros urbanos, que redundan en un desarrollo desequilibrado y en la polarización de los espacios urbanos. Así los sectores más pobres no solo se ven afectados por falta de ingresos y falta de accesos a los bienes y servicios básicos sino que viven en situaciones de marcada degradación y marginalidad (CEPAL, 2002).

En la actualidad, nuestras ciudades, y sus instituciones, enfrentan retos sin precedentes relacionados con el crecimiento demográfico, la sostenibilidad ambiental y la estabilidad económica, social y espacial en los territorios. Las tendencias irrefrenables del proceso de urbanización vuelve inútil cualquier pretensión de mejorar la calidad de vida de la población si no pasa por lo que ocurra en las ciudades. Al mismo tiempo muchas de las más complejas decisiones sobre el modelo de desarrollo están íntimamente vinculadas a la cotidianidad de los habitantes de las ciudades. Esta situación tiende a generar crisis de gobernabilidad a nivel local o central que encuentran su escenografía en las ciudades, a partir del tratamiento de diversos temas como la gestión de la movilidad, los riesgos naturales y antrópicos o los desechos sólidos, que demandan soluciones técnicas adecuadas, frecuentemente conflictivas al estar íntimamente relacionadas con aspectos de poder y distribución de la riqueza.

A la vez, el proceso de urbanización masiva del país también ha generado potencialidades de desarrollo individual y colectivo. Es percibido como promesa y en general efectivamente significa alcanzar la prosperidad material e inmaterial mediante el acceso a oportunidades de formación y empleo, insertado en procesos de transformación socio-cultural que libera el individuo, genera nuevas formas de asociación entre personas y permite el desenvolvimiento de las diversidades tanto biográficas como de género, étnicas y culturales.

En los últimos años, con la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y su implementación, se han establecido condiciones para incentivar procesos participativos de diversa escala. Existe un marco para promover formas de participación ciudadana que permita fortalecer actores sociales, fortalecer las capacidades de las personas, grupos y organizaciones, desde esta concepción la participación es un fin y es un medio.

El actual régimen de desarrollo plantea la obligación del Estado en sus diferentes niveles de planificar el desarrollo del país garantizando la equidad social y territorial, la concertación y la participación ciudadana, el reconocimiento de las diversas identidades y la participación ciudadana en todas las fases de la gestión del poder público y establece como contrapartida la obligación de las personas y colectividades a participar en la gestión de lo público, en la planificación y en el ejercicio y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles, con lo que se consolida la participación ciudadana como un derecho y deber ciudadano.